SD. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que las dificultades para lograr la reducción de pérdidas y costos operacionales del sector eléctrico, y para el mejoramiento general de la gestión de las empresas de distribución y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), se debe en parte a la intervención política en la gestión de las empresas y en las decisiones del sector.
El organismo internacional sostiene, al respecto, que en el largo plazo, una vez lograda la reducción de pérdidas a un nivel que facilite el cumplimiento de la flexibilidad tarifaria, se debería proceder a la privatización de las empresas distribuidoras.
Sostiene que con la privatización de las distribuidoras se puede terminar con la utilización política de ellas, lo que deviene crónicamente en su ineficiencia.
El BID también plantea que es necesario, además, analizar el posible rediseño de las áreas de concesión de cada una, buscando una distribución más pareja de de los riesgos de mercado.
El informe elaborado para el BID por Vivianne Blanlot y Eduardo Bitran, sostiene que la excesiva concentración del poder sectorial en manos de la Presidencia Ejecutiva de la CDEEE implica, además de los conflictos de atribuciones y responsabilidades, el riesgo de que el cambio en esa entidad resulte en la discontinuidad del esfuerzo que requiere el éxito en la recuperación del sector. Al respecto, los expertos del BID plantean la necesidad de modificar la composición de la Junta Directiva de la CDEEE, para reducir su tamaño.
Señala que la concentración del poder en quién detente la autoridad de la CDEEE representa un riesgo institucional importante para el desarrollo del sector eléctrico y de las Edes o distribuidoras.
El BID expone que el uso de las empresas distribuidoras para objetivos políticos de corto plazo es una práctica común tratándose de empresas estatales, particularmente si están excesivamente concentradas y en manos de funcionarios de nivel político.
El informe del BID indica que estas son condiciones que han llevado a favorecer el control privado de la distribución de electricidad en la mayoría de los países de la región.
Dice que en el corto plazo es difícil recomendar la re-privatización de las Edes, dado el riesgo que conlleva hacerlo mientras no se haya materializado una reducción de las pérdidas y la voluntad política del Gobierno de aplicar y asegurar el sostenimiento del sistema tarifario en la ley.
Edes e incertidumbre
El informe del BID destaca que, dada la evolución de las Edes durante los últimos 10 años, la posibilidad de atraer inversionistas sólidos y experimentados es incierta. Es por esa razón que se considera conveniente mantener las Edes como estatales en el corto plazo (dos o tres años) y profesionalizar su gestión, aislarlas lo más posible de la interferencia política, y establecer metas a través de convenios de desempeño bajo la supervisión de órganos distintos de la CDEEE y su administración central.
El organismo internacional sostiene, al respecto, que en el largo plazo, una vez lograda la reducción de pérdidas a un nivel que facilite el cumplimiento de la flexibilidad tarifaria, se debería proceder a la privatización de las empresas distribuidoras.
Sostiene que con la privatización de las distribuidoras se puede terminar con la utilización política de ellas, lo que deviene crónicamente en su ineficiencia.
El BID también plantea que es necesario, además, analizar el posible rediseño de las áreas de concesión de cada una, buscando una distribución más pareja de de los riesgos de mercado.
El informe elaborado para el BID por Vivianne Blanlot y Eduardo Bitran, sostiene que la excesiva concentración del poder sectorial en manos de la Presidencia Ejecutiva de la CDEEE implica, además de los conflictos de atribuciones y responsabilidades, el riesgo de que el cambio en esa entidad resulte en la discontinuidad del esfuerzo que requiere el éxito en la recuperación del sector. Al respecto, los expertos del BID plantean la necesidad de modificar la composición de la Junta Directiva de la CDEEE, para reducir su tamaño.
Señala que la concentración del poder en quién detente la autoridad de la CDEEE representa un riesgo institucional importante para el desarrollo del sector eléctrico y de las Edes o distribuidoras.
El BID expone que el uso de las empresas distribuidoras para objetivos políticos de corto plazo es una práctica común tratándose de empresas estatales, particularmente si están excesivamente concentradas y en manos de funcionarios de nivel político.
El informe del BID indica que estas son condiciones que han llevado a favorecer el control privado de la distribución de electricidad en la mayoría de los países de la región.
Dice que en el corto plazo es difícil recomendar la re-privatización de las Edes, dado el riesgo que conlleva hacerlo mientras no se haya materializado una reducción de las pérdidas y la voluntad política del Gobierno de aplicar y asegurar el sostenimiento del sistema tarifario en la ley.
Edes e incertidumbre
El informe del BID destaca que, dada la evolución de las Edes durante los últimos 10 años, la posibilidad de atraer inversionistas sólidos y experimentados es incierta. Es por esa razón que se considera conveniente mantener las Edes como estatales en el corto plazo (dos o tres años) y profesionalizar su gestión, aislarlas lo más posible de la interferencia política, y establecer metas a través de convenios de desempeño bajo la supervisión de órganos distintos de la CDEEE y su administración central.
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