El gobierno del presidente Danilo Medina lleva ocho meses y seis días desde que se instaló el 16 de agosto de 2012 y aún la solución al problema energético, con un agravamiento en las últimas semanas, no aparece.
Las interrupciones del servicio no dan tregua, provocando pérdidas millonarias a industrias y comercios, así como la incomodidad de todos los clientes de las distribuidoras.
El pacto eléctrico, anunciado por el Presidente en su discurso de asunción, tampoco ha dado visos de existencia, dejando en una incertidumbre la solución integral al problema energético. Al déficit financiero de las distribuidoras, estimado en US$100 millones todos los meses, tampoco se le encuentra una salida.
Las autoridades se han limitado a informar que se mantienen en conversaciones particulares con los generadores, logrando, hasta el momento, la firma de un proyecto para una tercera etapa del parque de generación Itabo, cuya capacidad sería incrementada en 300 megavatios, para la cual se necesitarían US$800 millones. Aún no se sabe dónde están los recursos ni cuándo se iniciará su construcción.
Los únicos proyectos que se materializan provienen del sector privado. Se trata del parque eólico Los Cocos I y II y Proyecto Quisqueya, en San Pedro de Macorís, cuya capacidad será de 430 megavatios, el más grande hasta el momento.
El Gobierno, como administrador del Estado, tiene en su poder las tres distribuidoras de electricidad (EDES): Edenorte, Edeeste y Edesur; la Empresa de Transmisión (ETED), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Generadora Hidroeléctrica (Egehid) y es dueño del 50% de las acciones en EGE Haina y EGE Itabo.
Además, el rol del Estado se convierte en juez y parte cuando entra en juego la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), pues como fiscalizadoras y hacedoras de la política energética del país intervienen para normar el sector.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, afirmó la semana pasada que al gobierno dominicano no le interesa competir con el sector privado, pero que se hará lo que le corresponde para enfrentar la crisis que afecta al sector eléctrico nacional.
¿EL ESTADO DE EMERGENCIA?
A principios de este mes, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) clamó porque sea declarado, a nivel de las cámaras legislativas, un verdadero estado de emergencia del sector eléctrico, cuyas condiciones lucen de mal en peor.
El presidente de la AEIH, Víctor Castro, consideró que esa decisión es necesaria para que los planes del Gobierno, tendentes a la solución de la crisis eléctrica, no se queden solo en la buena intención y que las empresas eléctricas esta-tales se manejen con transparencia, sin populismo ni sentido de piñata.
Entretanto, Rubén Jiménez Bichara insiste en que el cambio de matriz, que permitirá reducir sustancialmente el costo de la energía,
representa el 50% de la solución a los problemas del sector, tras defender el plan diseñado por el gobierno para el sector eléctrico.
“El país no puede continuar con un parque de generación en que el 50% de la producción sea en base a petróleo”, sostuvo.
Las interrupciones del servicio no dan tregua, provocando pérdidas millonarias a industrias y comercios, así como la incomodidad de todos los clientes de las distribuidoras.
El pacto eléctrico, anunciado por el Presidente en su discurso de asunción, tampoco ha dado visos de existencia, dejando en una incertidumbre la solución integral al problema energético. Al déficit financiero de las distribuidoras, estimado en US$100 millones todos los meses, tampoco se le encuentra una salida.
Las autoridades se han limitado a informar que se mantienen en conversaciones particulares con los generadores, logrando, hasta el momento, la firma de un proyecto para una tercera etapa del parque de generación Itabo, cuya capacidad sería incrementada en 300 megavatios, para la cual se necesitarían US$800 millones. Aún no se sabe dónde están los recursos ni cuándo se iniciará su construcción.
Los únicos proyectos que se materializan provienen del sector privado. Se trata del parque eólico Los Cocos I y II y Proyecto Quisqueya, en San Pedro de Macorís, cuya capacidad será de 430 megavatios, el más grande hasta el momento.
El Gobierno, como administrador del Estado, tiene en su poder las tres distribuidoras de electricidad (EDES): Edenorte, Edeeste y Edesur; la Empresa de Transmisión (ETED), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Generadora Hidroeléctrica (Egehid) y es dueño del 50% de las acciones en EGE Haina y EGE Itabo.
Además, el rol del Estado se convierte en juez y parte cuando entra en juego la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), pues como fiscalizadoras y hacedoras de la política energética del país intervienen para normar el sector.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, afirmó la semana pasada que al gobierno dominicano no le interesa competir con el sector privado, pero que se hará lo que le corresponde para enfrentar la crisis que afecta al sector eléctrico nacional.
¿EL ESTADO DE EMERGENCIA?
A principios de este mes, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) clamó porque sea declarado, a nivel de las cámaras legislativas, un verdadero estado de emergencia del sector eléctrico, cuyas condiciones lucen de mal en peor.
El presidente de la AEIH, Víctor Castro, consideró que esa decisión es necesaria para que los planes del Gobierno, tendentes a la solución de la crisis eléctrica, no se queden solo en la buena intención y que las empresas eléctricas esta-tales se manejen con transparencia, sin populismo ni sentido de piñata.
Entretanto, Rubén Jiménez Bichara insiste en que el cambio de matriz, que permitirá reducir sustancialmente el costo de la energía,
representa el 50% de la solución a los problemas del sector, tras defender el plan diseñado por el gobierno para el sector eléctrico.
“El país no puede continuar con un parque de generación en que el 50% de la producción sea en base a petróleo”, sostuvo.
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