La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una querella contra las empresas generadoras de electricidad Ege-Haina y Ege Itabo por supuestamente cometer fraude contra el Estado por más de tres mil 500 millones de pesos.
La querella está siendo analizada por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, luego que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), institución estatal, acusara a dichas empresas.
Las empresas generadoras de electricidad Ege-Haina y Ege-Itabo y sus principales ejecutivos deberán responder por la supuesta comisión de estafa, fraude, dolo y desfalco al Estado.
La querella fue interpuesta por Fonper, a través de la oficina de abogados Delgado Malagón.
De acuerdo a la querella la supuesta estafa es a través de la energía servida y la sobrevaloración de la no producida y cobrada de manera ilegal.
Abuso de confianza, falsedad en escritura pública, desfalco, asociación de malhechores y corrupción forman parte de la acusación en contra de los ejecutivos de las empresas generadoras de energía.
Fonper acusa a Edgar Pichardo, presidente de la distribuidora de electricidad, Pastor Sanjurjo, gerente general y a la empresa Haina Investment Company, administradora de Ege-Haina, de violar el contrato suscrito el 28 de octubre de 1999, cuando en el país se inicia el proceso de privatización del sistema eléctrico.
Precisa la querella que el objetivo de la capitalización de la empresa pública ha devenido en frustratorio y que “los administradores privados de Ege-Haina han evidenciado en su gestión prácticas desleales y dolosas”.
Alegadamente se apropiaron desde el año 2001 hasta el año 2011 de alrededor de 725 millones 800 mil pesos que no les corresponden.
En la reclamación hecha por el Fonper, la empresa Haina Investment Company, ha recibido como compensación por la gestión administrativa la “transferencia de tecnología, un canon de administración de 2.95% de las ventas netas de Ege-Haina, que ha sido inflado artificialmente para apropiarse desde el año 2001 hasta 2011, de alrededor de 725,800,000 pesos, que no le corresponden y deben ser retornados al patrimonio de Ege-Haina, en beneficio de todos sus accionistas”, según precisa la querella.
Precisan que la práctica irregular de la administración de la referida empresa consiste en calcular el canon de administración (2.95% sobre las ventas netas), no sólo sobre la energía generada directamente por Ege-Haina en sus plantas generadoras y comercializada en el sistema eléctrico nacional, sino también sobre la energía que por la ineficiencia de su administración esa empresa no ha generado y ha adquirido a sobreprecio en el mercado spot (normalmente a través de entidades vinculadas), para revenderla a sus clientes a precios inferiores como si hubiese sido generada por Ege-Haina, perdiendo el Estado dominicano cuantiosos recursos como consecuencia de operaciones altamente onerosas, desleales, imprudentes y dolosas.
En el apoderamiento se destaca que la empresa tomaba los fondos patrimoniales de Ege-Haina para pagar el impuesto sobre la renta que Haina Investment Company, debe pagar al Estado (vía la Dirección General de Impuestos Internos).
Sostienen que “desde el año 2007 hasta la fecha, los estados financieros de Ege-Haina, preparados por los propios socios privados reflejan que por este concepto le han cargado dolosamente al pasivo social la suma de 686 millones 500 mil pesos y todo ello, a pesar de que el aludido y cuestionado contrato de administración, en su artículo 8.1, estipula que cada una de las partes debe correr con los gastos que tengan relación con la preparación del contrato”.
La querella está siendo analizada por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, luego que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), institución estatal, acusara a dichas empresas.
Las empresas generadoras de electricidad Ege-Haina y Ege-Itabo y sus principales ejecutivos deberán responder por la supuesta comisión de estafa, fraude, dolo y desfalco al Estado.
La querella fue interpuesta por Fonper, a través de la oficina de abogados Delgado Malagón.
De acuerdo a la querella la supuesta estafa es a través de la energía servida y la sobrevaloración de la no producida y cobrada de manera ilegal.
Abuso de confianza, falsedad en escritura pública, desfalco, asociación de malhechores y corrupción forman parte de la acusación en contra de los ejecutivos de las empresas generadoras de energía.
Fonper acusa a Edgar Pichardo, presidente de la distribuidora de electricidad, Pastor Sanjurjo, gerente general y a la empresa Haina Investment Company, administradora de Ege-Haina, de violar el contrato suscrito el 28 de octubre de 1999, cuando en el país se inicia el proceso de privatización del sistema eléctrico.
Precisa la querella que el objetivo de la capitalización de la empresa pública ha devenido en frustratorio y que “los administradores privados de Ege-Haina han evidenciado en su gestión prácticas desleales y dolosas”.
Alegadamente se apropiaron desde el año 2001 hasta el año 2011 de alrededor de 725 millones 800 mil pesos que no les corresponden.
En la reclamación hecha por el Fonper, la empresa Haina Investment Company, ha recibido como compensación por la gestión administrativa la “transferencia de tecnología, un canon de administración de 2.95% de las ventas netas de Ege-Haina, que ha sido inflado artificialmente para apropiarse desde el año 2001 hasta 2011, de alrededor de 725,800,000 pesos, que no le corresponden y deben ser retornados al patrimonio de Ege-Haina, en beneficio de todos sus accionistas”, según precisa la querella.
Precisan que la práctica irregular de la administración de la referida empresa consiste en calcular el canon de administración (2.95% sobre las ventas netas), no sólo sobre la energía generada directamente por Ege-Haina en sus plantas generadoras y comercializada en el sistema eléctrico nacional, sino también sobre la energía que por la ineficiencia de su administración esa empresa no ha generado y ha adquirido a sobreprecio en el mercado spot (normalmente a través de entidades vinculadas), para revenderla a sus clientes a precios inferiores como si hubiese sido generada por Ege-Haina, perdiendo el Estado dominicano cuantiosos recursos como consecuencia de operaciones altamente onerosas, desleales, imprudentes y dolosas.
En el apoderamiento se destaca que la empresa tomaba los fondos patrimoniales de Ege-Haina para pagar el impuesto sobre la renta que Haina Investment Company, debe pagar al Estado (vía la Dirección General de Impuestos Internos).
Sostienen que “desde el año 2007 hasta la fecha, los estados financieros de Ege-Haina, preparados por los propios socios privados reflejan que por este concepto le han cargado dolosamente al pasivo social la suma de 686 millones 500 mil pesos y todo ello, a pesar de que el aludido y cuestionado contrato de administración, en su artículo 8.1, estipula que cada una de las partes debe correr con los gastos que tengan relación con la preparación del contrato”.
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