La errada lucha de la CDEEE
Las autoridades de la CDEEE, encabezada por Rubén Bichara, han concebido una planificación estratégica que, con la intención de resolver el histórico problema eléctrico, cifra el futuro energético en la instalación de dos plantas a carbón que generarán 600 megas, con lo que se espera modificar la matriz energética y mejorar la situación del servicio.Se trata de una estrategia que repite la historia de Radhamés Segura, quien también concibió dos plantas similares que no pudieron instalarse porque los intereses creados por la “capitalización” sabotearon su ejecución, tal como lo reconociera un informe del BID. Por esa misma razón, Bichara, al encabezar el acto de recepción de las credenciales de las empresas que participarán en la nueva licitación, advirtió que hay sectores interesados en hacer fracasar el proyecto.
Esa advertencia nace de la conciencia de que con la “capitalización” se establecieron condiciones operativas en los contratos de generación que les permitieron a los generadores maximizar los beneficios mucho más allá de lo que permitiría el simple “libre mercado”. Entre esos mecanismos entran la “orden al mérito” y la fórmula de la “indexación”, mediante los cuales se produce un sobre costo que los expertos lo sitúan entre cuatro a cinco centavos de dólar el kilo, que significan unos 400 a 500 millones de dólares anuales de sobre precio. Son mecanismos de maximización que constituyen verdaderos zarpazos contra el Gobierno y contra los consumidores, familiares, comerciales e industriales.
Pero fuera de esas concesiones graciosas inaceptables, los generadores aprovechando la “permisividad” de las autoridades eléctricas y políticas, han montado toda una madeja de irregularidades administrativas que les reportan pingües beneficios que montan los 880 millones de dólares anuales por concepto de: recompra de energía y pago de capacidad instalada, 300 millones; manejo de concesiones de combustibles, unos 400 millones; irregularidad operativa de la Sultana del Este, unos 30 millones; Pago a Cogentrix, unos 60 millones. Esta planta se financió con US$48 millones y se han pagado unos US$370 millones, sin operar; por inadecuación en ventas de AES fuera de las facilidades otorgadas, unos 70 millones. Todas esas irregularidades fuera de los contratos pudieran ser desmontadas administrativamente, si hubiera voluntad política, con lo que se reduciría el déficit anual, el cual ahora asciende a más de 1500 millones de dólares al año.
Más allá de las plantas
Pero lo peor es que esa estructura de beneficios extra mercado, ha creado la materialidad de un poder social cuya capacidad fáctica no sólo inhibe a las autoridades políticas, sino que las hacen cómplice de la situación, además de que cuentan con el apoyo de los organismos multilaterales y de los gobiernos extranjeros, los cuales se encargan de hacer creer a los tontos de que el problema no está del lado del costo, sino del lado de los ingresos: del robo de los consumidores y la ineficiencia en el cobro de las EDES.
Frente a ese gran poder, entonces, parece una audacia de las autoridades que nuevamente amenacen con la ilusión de dos plantas a carbón de 600 megas, que se harían en tres años, si ese gran poder fáctico lo permite. Ya veremos.
¡La solución es, pues, mucho más integral y valiente!
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